El flamante estudio del Observatorio de Deuda Social de la Argentina de la UCA estimó que el golpe inflacionario de diciembre y enero llevó a que la pobreza en el país alcance ya el 57,4% de la población, unos 27 millones de personas, de las cuales 7 millones son indigentes; esto es, sus ingresos no alcanzan a cubrir no solo la Canasta Básica Total (CBT), que define el umbral de pobreza, sino tampoco la Canasta Básica Alimentaria (CBA), nivel de ingresos por debajo del cual se cae en la indigencia.

Un aspecto aún más asombroso de la profundidad del calado de la crisis económico-social es que a pesar del constante aumento del porcentaje de población que a lo largo de los últimos 20 años recibió distintos planes de ayuda social y de alimentación es que, precisa el informe, los residentes en hogares beneficiarios de políticas sociales presentaron un nivel de pobreza del 76,5% en el tercer trimestre de 2023, un 81,9% en diciembre de 2023 y un 85,5% en enero de 2024″. Esto es, menos del 15% de quienes reciben ayudas sociales puede salir, gracias a esas ayudas, de la pobreza.

A su vez, en el mismo grupo de hogares destinatarios de políticas sociales el nivel de indigencia, que en el tercer trimestre de 2023 era del 19,7% de las personas, en diciembre de 2023 aumentó a 28,8% y en enero decreció al 23,8% “como consecuencia de las políticas compensatorias”.

Si bien el foco del estudio es el impacto sobre la situación social del golpe inflacionario de los últimos meses, esos hallazgos no dejan de ser impresionantes y cuestionar la eficacia de las políticas de ayuda de los últimos 20 años. El propio informe precisa que la proporción de hogares perceptores de programas sociales se incrementó constantemente entre 2006 y 2023 “dando cuenta del relevante y creciente papel del Estado para satisfacer necesidades básicas de los hogares y la población.”