Se está concretando en estas horas la mayor tanda de despidos en la administración pública: una masa estimada en casi 20.000 empleados está recibiendo la comunicación de que sus contratos no serán renovados.

A diferencia de lo que había ocurrido en diciembre pasado, cuando las desvinculaciones alcanzaron sólo a los contratados con antigüedad menor a un año, esta vez se verá afectado un grupo heterogéneo, en el que están incluidos monotributistas que facturan en un régimen de contrato a término, y también empleados en el régimen de “planta transitoria” que en algunos casos cumplen funciones desde hace 20 años.

Es un régimen de empleo que se arrastra de hace mucho tiempo, que cada vez es más grande y que los abogados laboralistas suelen calificar como una “zona gris” o una situación laboral como mínimo irregular.

En realidad, la planta transitoria fue originalmente pensada para trabajos de duración breve. En ese lapso, el empleado tiene derecho a tener aportes en la seguridad social, cuenta con cobertura médica, puede gozar de licencia y los mismos derechos que los funcionarios de la planta permanente. Con el tiempo, este régimen se fue deformando, a tal punto que hoy revista gente con muchos años de antigüedad y que, a todos los efectos, cumplen las mismas tareas y tienen las mismas obligaciones que los de planta permanente, pero figuran como contratados para una tarea a término.

Esto, advierten los dirigentes gremiales de los empleados estatales, implica que ante una desvinculación como las que se están produciendo en estas horas, un empleado de planta transitoria tiene derecho a darse por despedido.

Hay antecedentes en el fuero laboral, sobre casos en los que pese a que formalmente el empleado figura como contratado, el juez considera la existencia de facto de una relación de dependencia. Y, por consiguiente, el fallo ordena que el empleado sea indemnizado con los mismos derechos de un empleado de planta permanente.

Según Andrés Rodríguez, secretario general de la UPCN, lo que viene tras las nuevas tandas de despidos es una ola de juicios, en las que el Estado lleva las de perder.

Desde el recambio gubernamental se mantiene un discurso ambiguo respecto de la nómina de empleados públicos. Por un lado, hubo una justificación sobre la necesidad de terminar con el “empleo militante”, así como de poner orden ante la proliferación de “ñoquis” que no cumplen tareas o concurren a sus puestos de trabajo.

La advertencia inicial era que se haría una auditoría para analizar, oficina por oficina, dónde estaban las irregularidades, y se aclaró que quienes cumplieran con sus obligaciones no tendrían motivo para temer por su estabilidad laboral.

Pero, en contradicción con ese discurso, el propio Javier Milei reivindicó en varias ocasiones el objetivo fiscalista de los despidos, al plantear que su plan de “motosierra” incluía un drástico recorte de la nómina de empleados estatales, sin que necesariamente esas desvinculaciones estuvieran justificadas por situaciones de irregularidades.

De hecho, la queja de los sindicatos es que las prometidas auditorías con el relevamiento de las tareas asignadas a cada persona no se realizaron. Y que una situación que se repite en estos días es la llegada de autoridades nuevas, que no conocen al plantel pero tienen el mandato de hacer un recorte de 20% en el personal a su cargo.

Según los dirigentes sindicales, las situaciones que podrían encuadrar en “empleo militante” son una pequeña minoría de los miles de empleados que serán desvinculados.

En cuanto a las medidas gremiales, se está notando una diferencia de postura entre ATE -perteneciente a la central izquierdista CTA- que empezó un plan de lucha para rechazar los despidos, y la UPCN -perteneciente a la CGT- que en los últimos días entabló negociaciones para tratar de limitar el alcance de la “purga”.

Por lo pronto, ya hay medidas de protesta en marcha, como la paralización de actividades en Senasa, organismo del cual dependen las aprobaciones sanitarias para las exportaciones agropecuarias. Y el plan incluye una convocatoria a paro general en solidaridad con los estatales.