Las 57 universidades nacionales suman 2.065.115 estudiantes y 216.279 empleados –entre docentes universitarios y preuniversitarios, autoridades y personal no docente–, según los últimos datos oficiales, de 2022. Apenas el 15% de los docentes tiene dedicación exclusiva.
La Marcha Federal Universitaria tiene como principal consigna el rechazo al ajuste del presupuesto de las universidades públicas. Pregonando mejoras en el financiamiento educativo. Sin embargo, el conflicto tiene otras aristas que fueron escalando en estos meses.
La movilización cuenta con el apoyo de distintas organizaciones políticas: kirchnerismo, la CGT, un sector de la UCR, la Coalición Cívica, movimientos de izquierda. Eso motivó que el Gobierno considerara la manifestación como un acto incentivado por la política
El Ministerio de Capital Humano, del que dependen las universidades nacionales, comunicó que existía una propuesta de consenso, posteriormente desmentido por todas las instituciones. El Gobierno ofreció un aumento del 70% en mayo para gastos de funcionamiento, que se suma al 70% otorgado en marzo, junto con una partida extraordinaria de $14.400 millones para los hospitales universitarios. Sin embargo, desde las universidades respondieron que el monto solo cubre la mitad de la inflación acumulada desde el año pasado.
La caída del salario docente es uno de los reclamos principales de las casas de estudio y del Frente Sindical de Universidades (FSU), que rechazó la oferta de 8% de aumento para abril. Desde CONADU señalaron que el salario de los profesores hoy se encuentra un 29% por debajo del nivel de abril de 2023.
Por otro lado, desde el Gobierno nacional insistieron con las auditorías a las universidades nacionales y algunos funcionarios incluso atribuyeron la movilización del martes a la resistencia de las universidades a “perder sus privilegios”. Acusación que los gremios rechazaron las reiteradas acusaciones de “adoctrinamiento” que vienen formulando algunos funcionarios.
El presidente Javier Milei definió varias veces que considera que toda educación pública (sea de gestión privada o estatal) supone “adoctrinamiento”.
Desde el Gobierno ya habían planteado que los gastos de funcionamiento de las universidades habían estado congelados en 2023 sin que las universidades se quejaran. Sin embargo, desde la UBA, aseguraron que de 2022 a 2023 hubo un incremento de los gastos de funcionamiento de acuerdo con la inflación de 2022, en el marco de lo definido en la Ley de Presupuesto 2023, que contempló la inflación de 2022.
