El Gobierno oficializó a través del decreto 959/24 publicado en el Boletín Oficial, la decisión de eliminar el acceso a un empleo público como consecuencia de privilegio, ventaja o beneficio sustentado en vínculos hereditarios, cualquiera sea la modalidad de contratación.

La disposición prohíbe que familiares y cónyuges de empleados estatales que hayan fallecido, ocupen sus puestos de trabajo en reemplazo. El decreto señala que “es dable remarcar que no resulta admisible que se mantengan prioridades para acceder a un cargo público ni se otorguen privilegios que contravengan el principio de igualdad”.

De esta forma, se profundiza la estrategia de racionalización del tamaño del Estado, que ya logró el recorte del 15% de la planta del personal público y la intimación para que se jubilen sin demoras aquellos empleados que están en edad de retiro.

“Este ilógico privilegio colocó a los empleados públicos por encima del resto de los trabajadores de la Argentina. Pero, de ahora en más, quien ocupe un puesto en el Estado será elegido solamente por su idoneidad.”, destacó Stuzenegger.