La negociación salarial entre el Gobierno de Tucumán y los sindicatos que integran el Frente Gremial Docente concluyó con un escenario de aceptación parcial y conflicto abierto, luego de que la propuesta oficial, que proyecta un ingreso cercano al millón de pesos de bolsillo, obtuviera posturas contrapuestas en las asambleas de cada organización. Mientras algunos gremios avalaron el ofrecimiento, otros lo consideraron insuficiente y convocaron a un paro de 24 horas para el martes 3 de marzo, día previsto para el inicio formal de clases en la provincia.
La oferta del Poder Ejecutivo fue presentada en una reunión encabezada por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, junto a la ministra de Educación, Susana Montaldo, quienes recibieron a los dirigentes sindicales durante la mañana. La propuesta contempló un incremento del 8,4% en el salario básico a percibir en marzo como compensación por la inflación registrada entre noviembre y enero, lo que elevaría los ingresos a unos $ 870.000 de bolsillo. A ello se sumaría otro aumento del 2,6% correspondiente a marzo pero a cobrar en abril, alcanzando una recomposición total del 11% sobre el básico. Con sumas no remunerativas, el Ejecutivo estimó que el piso salarial se ubicaría en $970.000.
Las deliberaciones sindicales se extendieron durante la tarde y derivaron en resoluciones divergentes. La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Unión Docentes Tucumanos (UDT) resolvieron aceptar el planteo oficial, por lo que el gobernador Osvaldo Jaldo tenía previsto rubricar las actas con esas entidades a las 11 de la mañana.
En el caso de UDT, su secretario general, Juan Carlos Aguirre, informó que la propuesta fue aprobada por unanimidad tras cuatro horas de debate, destacando que el salario mínimo docente pasaría de $806.000 a $970.000. También valoró la apertura del Ejecutivo a sostener reuniones trimestrales y mencionó la expectativa de que la Nación envíe fondos adeudados a la provincia.
La postura fue distinta en la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) y en la Agremiación del Personal de Enseñanza Media y Superior (Apemys), que rechazaron el ofrecimiento y dispusieron una medida de fuerza sin movilización para el martes 3 de marzo. ATEP, que cuenta con alrededor de 14.000 afiliados, comunicó la decisión de su congreso extraordinario cerca de las 20 del mismo día. Su titular, Hugo Brito, explicó que la asamblea exigía que el salario docente se equipare al valor de la canasta básica, actualmente estimada en $ 1.130.000, por lo que consideraron insuficiente el incremento propuesto.
El cronograma de conflicto se superpone con el calendario educativo, ya que el lunes previo está prevista una huelga nacional convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), lo que anticipa un inicio de ciclo lectivo atravesado por medidas de fuerza.
Desde el Gobierno provincial señalaron que la propuesta resulta favorable si se la compara con los acuerdos alcanzados en otras jurisdicciones y en el actual contexto económico. Además del aumento salarial, destacaron un incremento del 100% en la ayuda escolar, que pasaría de $ 15.000 a $ 30.000, y una suba del 60% en la asignación familiar, de $ 25.000 a $ 40.000. Con estos adicionales, indicaron, los docentes percibirían al menos un millón de pesos en sus ingresos.
La negociación dejó expuesta una fractura dentro del frente gremial docente, en momentos en que la Casa de Gobierno buscaba cerrar un acuerdo integral con todas las entidades. El escenario ahora abre un nuevo capítulo de tensión política y sindical, con la mirada puesta en el impacto que tendrá el paro anunciado sobre el arranque del ciclo lectivo y en la posibilidad de futuras revisiones salariales en función de la evolución inflacionaria.
