El Gobierno de Tucumán, representado por el presidente del Ente Tucumán Turismo (ETT), Domingo Amaya, y el Secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, llevó el reclamo de la provincia al corazón del Poder Legislativo peruano. Invitados por la Comisión Especial Multipartidaria PROINVERSIÓN del Congreso de la República, los funcionarios expusieron el impacto negativo que tendría para la región el anuncio de suspensión de la ruta Tucumán-Lima, previsto para el 29 de marzo.

La comitiva, que contó con el respaldo diplomático del Embajador de Argentina en Perú, Samuel Ortiz Basualdo, participó de la Mesa Técnica denominada “Impacto del cobro de la TUUA en el nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez”. 

Allí, Tucumán planteó la necesidad de revisar las tasas de transferencia que afectan la competitividad del vuelo, buscando alternativas que protejan los derechos de los pasajeros y el flujo turístico.

Al respecto, Raúl Albarracín destacó la visión federal de la gestión provincial: “Mantener un vuelo de estas características no solo importa para abrir el mundo a los tucumanos, sino por la posibilidad de atraer turismo internacional al Jardín de la República en una verdadera apuesta al turismo como dinamizador de la economía”. El secretario agregó que “la sinergia entre lo público y lo privado, y el trabajo articulado entre distintos estados de la región, permitirá lograr el desarrollo de nuestros pueblos”.

Por su parte, Domingo Amaya enfatizó el peso técnico de la propuesta tucumana: “Vinimos a Lima con un mandato claro del gobernador Osvaldo Jaldo: defender una herramienta de crecimiento que nos costó mucho recuperar. Tucumán hoy cuenta con el aeropuerto con la pista más grande del país y estamos en pleno proceso de ampliación. Estamos gestionando en todos los niveles, tanto técnico como político, para que la empresa y las autoridades aeroportuarias comprendan que este vínculo es vital para todo el Norte Grande Argentino”.