Por Lic. Sofía Delina Eijo – Dr. Santiago Tomás González Díaz
La reforma electoral vuelve a escena en Tucumán, pero el debate se reduce a ajustes instrumentales que evitan discutir el diseño del sistema, sus incentivos políticos y las consecuencias democráticas de mantenerlo intacto.
Cada vez que en Tucumán se vuelve a hablar de reforma electoral, el debate reaparece cargado de promesas de modernización, transparencia y orden. Sin embargo, cuando se observa con mayor detenimiento, lo que emerge no es una discusión sobre el sistema electoral en su conjunto, sino una negociación política sobre cuánto se puede retocar sin alterar el equilibrio de poder existente.
El punto de partida del debate es ineludible: el sistema de acoples no es una anomalía informal ni una deformación reglamentaria, sino una figura con rango constitucional. La Constitución de Tucumán, reformada en 2006, reconoce expresamente el derecho de los partidos, frentes o alianzas a celebrar acuerdos para apoyar un único candidato a cargos ejecutivos, permitiendo la unión de boletas de listas distintas y la suma total de los votos obtenidos. En otras palabras, los acoples no solo están permitidos: están constitucionalmente protegidos.
Este dato es central porque explica el por qué gran parte del debate político se mueve dentro de un margen estrecho. Eliminar los acoples requeriría una nueva reforma constitucional, un escenario que hoy nadie impulsa seriamente. Por eso, tanto el oficialismo como sectores de la oposición concentran sus propuestas en la regulación o reducción de los acoples, no en su supresión.
Ahora bien, que una herramienta sea constitucional no implica que sea neutra desde el punto de vista democrático. La teoría electoral es clara en este punto: las reglas no sólo ordenan la competencia, sino que crean incentivos. Como señalan los enfoques institucionalistas, los sistemas electorales moldean el comportamiento de partidos, candidatos y votantes, y terminan influyendo en la calidad de la representación y en la rendición de cuentas.
En el caso tucumano, el sistema de acoples genera incentivos a la fragmentación estratégica, no al pluralismo genuino. La proliferación de listas no responde necesariamente a la existencia de proyectos políticos diferenciados, sino a una lógica de acumulación de votos que beneficia a quienes cuentan con mayor capacidad organizativa y financiera. El resultado es una oferta electoral inflada, difícil de comprender para el electorado, costosa de administrar y compleja de fiscalizar.
Desde esta perspectiva, muchas de las falencias que hoy se señalan, como la confusión del votante, la sobrecarga logística o la desigualdad en la competencia, no son efectos inesperados, sino consecuencias previsibles del diseño institucional. La Constitución habilitó el mecanismo, pero no estableció límites cuantitativos, criterios de representatividad mínimos, ni evaluaciones sobre su impacto sistémico. Ese vacío normativo fue llenado por la práctica política, y los resultados están a la vista.
En este contexto, la discusión sobre la boleta única, electrónica o tradicional aparece desfasada del problema de fondo. La boleta es un instrumento; el sistema electoral es una arquitectura. Y el sistema político es aún más amplio.
Cambiar el formato de votación sin revisar la lógica de agregación de votos que producen los acoples, equivale a modernizar la superficie sin tocar la estructura. Con acoples vigentes, ninguna boleta elimina la fragmentación ni restituye por sí sola la claridad de la oferta electoral.
Las propuestas que hoy circulan en la Legislatura, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, comparten una característica: buscan administrar el sistema, no rediseñarlo. Limitar la cantidad de acoples, exigir mayor trayectoria partidaria o eliminar prácticas como las candidaturas testimoniales, puede ordenar algunos aspectos, pero no altera el núcleo del modelo. Se trata de correcciones parciales que mejoran la operatividad, pero no resuelven el dilema central entre representación, competencia y accountability.
Desde una mirada comparada y teórica, una reforma electoral debería partir de una pregunta más incómoda: ¿qué sistema necesita Tucumán para garantizar una representación clara, competitiva y controlable por la ciudadanía? Esa pregunta, sin embargo, sigue ausente del debate público. En su lugar, se discute hasta dónde ajustar un mecanismo que todos reconocen problemático, pero que pocos están dispuestos a desarmar.
En definitiva, el problema del sistema electoral tucumano no es que viole la Constitución, sino que la cumple sin interrogarse por sus efectos democráticos. Mientras la reforma se conciba como un ejercicio de equilibrio político, y no como una política pública basada en evidencia y teoría, Tucumán seguirá debatiendo elecciones sin debatir en serio, su democracia.
Pero ningún sistema electoral opera en el vacío. Las reglas institucionales no producen efectos automáticos ni uniformes: interactúan con un sistema de partidos concreto, con formas específicas de organización política y con patrones de comportamiento electoral ya consolidados. Por eso, cualquier intento de reforma que se limite a ajustar mecanismos formales: boleta, acoples, umbrales, sin considerar la estructura política y social sobre la que se aplica, corre el riesgo de fracasar o de reproducir, bajo nuevas formas, los mismos problemas que busca corregir.
En ese entramado, el comportamiento electoral ocupa un lugar central. A diferencia de otros debates públicos, las reformas del sistema electoral rara vez surgen como una demanda sostenida de la ciudadanía. Para la mayoría de los votantes, el diseño institucional es un asunto distante, técnico y difícil de atribuir a resultados concretos de gobierno. La evaluación ciudadana se concentra, más bien, en liderazgos, desempeños y expectativas materiales, no en las reglas que estructuran la competencia.
En el caso tucumano, el electorado no impulsa activamente una reforma del sistema, sino que se adapta pragmáticamente a las reglas vigentes. La accountability electoral opera de manera difusa: se castiga o premia a candidatos y gobiernos, pero no al sistema que organiza la oferta electoral. Esto no implica que el sistema funcione correctamente, sino que sus costos democráticos: fragmentación, confusión, sobrecarga operativa, no siempre resultan visibles ni claramente atribuibles para la ciudadanía.
Esta ausencia de una demanda social explícita contribuye a explicar por qué el debate sobre la reforma electoral permanece encapsulado en el ámbito político y técnico, y por qué los cambios que se discuten suelen responder más a necesidades de ordenamiento interno del poder que a una presión ciudadana organizada.
Hablemos de ingeniería política: por qué pensarla en conjunto
Las intenciones manifiestas de modificar un desgastado sistema electoral de acoples en Tucumán, colisiona inexorablemente con la realidad del sistema de partidos que fue desintegrando aquella dinámica tradicional del siglo XIX.
Organizaciones políticas con una estructura jerárquica, dinámica de debate y formación interna, procesos de elección de candidatos a través de medios democráticos y libre competencia, la rendición de cuentas de los funcionarios electos a comités de disciplina de los partidos. Esto claramente es algo lejano, quizás propio de una época donde los medios de comunicación no tenían la misma influencia y dinámica desestructurada actual.
Tanto a nivel nacional, como provincial, se observa la decadencia de partidos tradicionales o su dificultad para lograr organizarse internamente. Una consecuencia clara de una realidad desestructurada, desorganizada y caótica, donde la velocidad de las redes sociales domina la información y desinformación.
Para no salir del tema, ¿cómo es posible en tal contexto volver a estructuras partidarias “tradicionales”? La Libertad Avanza aparece como una organización partidaria monolítica y personalista, representando un pensamiento claro. Nada distinto a un partido tradicional. Sin caer en las críticas que se hacen a los acoples, encontramos que alrededor de 32 legisladores llegan a ocupar su banca proveniente de acoples y no “listas oficiales” (oficialistas y opositores).
Esto demuestra que la reducción de la cantidad de acoples es un paliativo aceptable si no se encuentran consensos políticos en la dirigencia para modificar, no sólo un sistema electoral que influye directamente en el sistema de partidos; sino también, el mismo sistema político en su conjunto.
En este contexto de debilitamiento de las estructuras partidarias, reaparece con fuerza el debate sobre la incorporación de mecanismos como la boleta única o el voto electrónico, opciones que incluso cuentan con reconocimiento en la Constitución provincial. Estas propuestas suelen presentarse como soluciones de modernización o transparencia, aunque su alcance real es más acotado.
La introducción de tecnologías electorales no modifica los incentivos que genera el sistema de acoples ni redefine la lógica de agregación de votos. Sin embargo, sí cumple una función específica: desplaza hacia el Estado tareas organizativas que los partidos ya no están en condiciones de asumir plenamente, como la provisión de boletas, la simplificación operativa y la reducción de costos logísticos.
Confundir estas soluciones instrumentales con una reforma del sistema electoral implica sobrestimar el poder de la tecnología y subestimar la persistencia de los problemas estructurales. La incorporación de mecanismos como la boleta única o el voto electrónico puede ordenar el proceso y aliviar déficits operativos, pero no reemplaza una discusión de fondo sobre representación, competencia y rendición de cuentas.
Cualquier reforma electoral, además, redistribuye recursos de poder y modifica las condiciones de acceso a ellos. Por eso, sin acuerdos políticos profundos que contemplen la dinámica social actual y los modos contemporáneos de comunicación política, resulta inviable avanzar en cambios estructurales. Incluso las propuestas que plantean la eliminación lisa y llana de los acoples chocan con estos límites, más políticos que técnicos.
Pensar la ingeniería política en su conjunto implica reconocer que las reformas electorales no operan sobre ciudadanos ideales ni sobre partidos robustos, sino sobre sistemas políticos concretos, con incentivos, debilidades y comportamientos ya consolidados. En Tucumán, la persistencia de los acoples no responde únicamente a su rango constitucional, sino también a su funcionalidad dentro de un sistema de partidos fragmentado y a la ausencia de una demanda social organizada por un rediseño profundo del sistema.
Mientras la reforma se conciba como una respuesta técnica o coyuntural, y no como una política pública integral basada en evidencia, comportamiento y estructura institucional, el debate seguirá girando en torno a instrumentos : boleta, tecnología o límites administrativos, sin abordar el núcleo del problema democrático.
La modificación del sistema electoral tucumano aparece así más como una necesidad política que social: permite canalizar representación, participación y candidaturas, aún con defectos manifiestos, pero sin abrir una discusión sustantiva sobre la calidad democrática del sistema en todo su espectro.
