El gobernador Osvaldo Jaldo dispuso, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N.º 1.113 (MEyP) del 23 de diciembre —remitido a la Legislatura el 29 de diciembre—, la prohibición de nuevas designaciones y contrataciones bajo relación de empleo público en los organismos dependientes del Poder Ejecutivo (PE) a partir del 1 de enero de 2026. La medida se enmarca en la prórroga de la emergencia económica y social (Ley N.º 9.945) y establece restricciones administrativas y financieras por dos años, con posibilidad de prórroga.

Las limitaciones alcanzan tanto a organismos centralizados como a entes autárquicos y descentralizados, inclusive aquellos con autonomía financiera que requieran aportes del Estado para el pago de haberes o gastos de funcionamiento. El DNU —firmado con acuerdo del gabinete de ministros— fundamenta la decisión en la necesidad de contener el gasto público, optimizar el uso de los recursos humanos existentes y alinear los compromisos de gasto a la efectiva disponibilidad de recursos, remarcando su carácter transitorio, excepcional y proporcional a la situación de emergencia.

El decreto establece la abstención de efectuar nuevas designaciones de personal en cualquier condición de revista y de celebrar contrataciones bajo relación de empleo público, pero prevé excepciones estrictamente limitadas a la continuidad de funciones esenciales. Para solicitar nuevas incorporaciones al PE será necesario presentar razones debidamente fundadas ante el Ministerio de Economía y Producción, a cargo de Daniel Abad.

Asimismo, el texto aclara que quedan exceptuadas las renovaciones de contratos vigentes y las designaciones a término del personal que se encontrara prestando servicios a la fecha, siempre que resulten estrictamente necesarias para mantener funciones esenciales.