Una de las últimas promesas que hizo Javier Milei es que el superávit fiscal se sustentará en más “motosierra”. Para ello buscará un corte en el gasto estructural del Estado; la aprobación de la ley Bases apunta al posible despido de empleados de la “planta permanente”.
Es uno de los cambios fundamentales que se plantean en el proyecto de ley. Aunque pasó casi desapercibido, hay un capítulo de la ley que puede traer un cambio trascendental, con la posibilidad de alterar la inamovilidad de los empleados públicos.
La ley prevé que se puedan fusionar, reducir o directamente disolver organismos del Estado, y que el personal afectado a estas reparticiones podrá quedar en “disponibilidad”, mientras recibe capacitación para su reubicación. Esto implica la desvinculación de los funcionarios.
La imposibilidad de echar funcionarios es un principio establecido en la legislación de muchos países, con el objeto de evitar que, con cada recambio de gubernamental, las nuevas autoridades expulsen por motivos políticos a los empleados actuales y los sustituyan por funcionarios afines al nuevo partido de gobierno.
Desde hace años, esa situación ha sido criticada en los diagnósticos sobre el crecimiento de la burocracia estatal, porque supone un premio sin la contrapartida de una exigencia de productividad y calidad en las funciones.
