Está establecido por ley que más del 60% de lo recaudado por el impuesto a los combustibles debe ser transferido a las provincias. Sin embargo, el Gobierno nacional retuvo un equivalente a 2.000 millones de dólares.

De los $2.000 que ronda en promedio el litro de nafta, unos $932 corresponden a impuestos. Alrededor de $830 quedan en manos de la Nación por IVA, el impuesto a los débitos y créditos y los gravámenes específicos sobre los combustibles. En tanto, las provincias reciben apenas $60 (equivalentes al 3% de Ingresos Brutos) y los municipios, $42 por sus tasas.

El problema central es que una parte sustancial de los fondos que la ley asigna para financiar infraestructura provincial no se ejecuta en los destinos previstos y termina siendo absorbida por el Tesoro Nacional.

El 60,91% del componente tributario debe ser invertido en las provincias, ya sea con transferencia directa o mediante el financiamiento para obras públicas, viviendas y subsidios. Sin embargo, la Nación se apropia de ese dinero y solo coparticipa lo que corresponde al IVA.