A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) designó como normalizador a Guillermo Norry, quien hoy cumplía funciones en el Instituto de Previsión. Allanaron la casa del ahora exintendente Luis Campos.
El gobernador Osvaldo Jaldo decidió este lunes mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) intervenir la ciudad de Juan Bautista Alberdi y designó como normalizador a Guillermo Norry.
La medida se fundamenta en el artículo 139 de la Constitución de Tucumán, que habilita la intervención de gobiernos municipales ante situaciones de grave desorden institucional, y establece un plazo de intervención no mayor a 180 días.
Recordemos que la punta del ovillo se originó cuando la semana pasada trascendió la difusión de un audio que involucra a funcionarios del municipio -entre ellos el hoy exintendente Luis Campos– con presuntos casos de comercialización de drogas.
En horas de la madruagada arribaron a la ciudad de Alberdi los ministros del Interior, Darío Monteros, su par de Gobierno y Justicia, Regino Amado, el titular de Seguridad, Eugenio Aguero Gamboa, el fiscal Adjunto, Raul Ferrazzano, el jefe de Policía, comisario Joaquín Girvau y el propio Norry (foto inferior junto a Ferrazzano).
El instrumento legal prevé que la intervención se extienda por hasta 180 días, tiempo durante el cual se deberá llamar a elecciones puesto que aún no se cumplió la mitad del mandato. De todas formas se debe reunir la Legislatura para aprobar la decisión del PE y convertirlo en ley.
La lectura fue supervisada por la escribana Olga Inés Navarro, a cargo del Registro de Gobierno.
Por cuerdas separadas, en la madrugada de hoy y por una orden judicial, efectivos de la Policía y de Gendarmería allanaron los domicilios del ahora ex intendente Luis Campos y de su secretario de Hacienda, José Roldán; además de tomar los edificios de la Intendencia y del Concejo Deliberante.
En su primer acto administrativo, el interventor dejó sin efecto el organigrama del Ejecutivo municipal, como paso inicial para restablecer el orden institucional y garantizar el funcionamiento legal del municipio.
