El Gobierno perdirá la anulación del fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferendos de Inversión (CIADI) que obliga al país a pagar US$ 716 millones a AES Corporation. Esta decisión es resultado de la disputa por la pesificación de los contratos de concesión de la represa hidroeléctirca de Alicurá, que está ubicada sobre el Río Limay entre las provincias de Río Negro y Neuquén.

El Ejecutivo asegura que la opción más fuerte es avanzar por vía de apelación para postergar el proceso y las negociaciones para efectuar el pago. Esta es una estrategia judicial que aplica Nación en todos sus procesos en el exterior.

El pedido de anulación puede ser solicitado dentro de los 120 días desde que se dicta el laudo, que se conoció el 31 de mayo de 2025.

Los argumentos que puede invocar en el escrito para solicitar la invalidación del fallo abarca; la consideración de que el tribunal se constituyó irregularmente hasta que se extralimitó en sus facultades, quebró alguna norma de procedimiento o hubo corrupción por parte de alguno de sus miembros, entre otros puntos.

El pedido de anulación del fallo habilita una suspensión temporal de la ejecución del laudo mientras se abre una instancia procesal que puede extenderse durante varios meses.

La Casa Rosada sostiene que buscará acordar un esquema progresivo de pago solo si el tribunal no le da lugar a su pedido.