El oficialismo busca modificar la forma de otorgar vacaciones y redefinir los esquemas de licencias y compensaciones, con el objetivo de modernizar el sistema y reducir la informalidad.

El proyecto de ley propone mayor flexibilidad para los trabajadores registrados. Plantea que los empleados puedan fraccionar su período anual de descanso en varias partes a lo largo del año, con un mínimo de siete días por cada tramo, y tomarlas hasta el 30 de abril del año siguiente.

Se exige que los trabajadores notifiquen sus vacaciones con al menos 21 días de anticipación. En los casos de matrimonios que trabajan en el mismo establecimiento, el empleador deberá otorgar los días en simultáneo.

Uno de los cambios más polémicos es el reemplazo de la indemnización tradicional por un sistema de fondo de cese laboral. Este esquema permite que los empleadores realicen aportes mensuales a un fondo específico, que luego se utilizará para compensar al trabajador en caso de desvinculación.

No habrá un mínimo garantizado para la indemnización, y tanto el monto como las condiciones serán fijadas por acuerdos entre sindicatos y empresas.

En paralelo, se eliminan las multas por empleo no registrado. También se modifican las reglas sobre la licencia por maternidad, permitiendo a las trabajadoras reducir el período previo al parto (mínimo de 30 días) para ampliar el descanso posterior, respetando siempre los 90 días totales de licencia.