El Gobierno denunció ante la Justicia federal una “operación de inteligencia ilegal” que tiene como objetivo “desestabilizar al país en plena campaña electoral” mediante la filtración de audios privados de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La presentación fue hecha por el Ministerio de Seguridad en el juzgado federal N.º 10. El escrito menciona “un ataque planificado para alterar la opinión pública y quebrar las reglas de juego de la democracia”, y se trataría de “una operación de inteligencia no institucional prohibida por la Ley 25.520”.
Los hechos configuran una secuencia organizada que incluyeron: espionaje ilegal, edición clandestina de audios y su difusión con fines políticos.
El Gobierno pidió la prohibición de cualquier nueva publicación, reproducción o circulación de los registros obtenidos ilegalmente.
Desde el Gobierno apuntan contra el empresario Pablo Toviggino (vinculado a la AFA), el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi, con presuntos vínculos con servicios de inteligencia y operadores del kirchnerismo.
Según la denuncia, las prácticas desplegadas violan artículos centrales de la Ley de Inteligencia Nacional.
