El Gobierno enfrenta un desafío jurídico y constitucional para concretar la reforma laboral, que tiene como objetivo modernizar las leyes que regulan el trabajo para facilitar la contratación de empleados, mejorar la competitividad y protejer a los trabajadores.

En tal aspecto, la Corte Suprema dejó asentado una serie de principios; en primer parte de la base de lo previsto en el artículo 14 bis. Este garantiza estabilidad, seguridad social y negociación colectiva. Cualquier planteo en contrario es considerado como anticonstitucional.

Por otro lado, la Corte Suprema señaló que las normas no pueden ser regresivas en materia de derechos laborales. Así mismo, es importante tener una mirada federal.

Al mismo tiempo, la seguridad jurídica es indispensable. La creación de nuevas leyes y/o reformas no pueden generar contradicciones o ambigüedades.

El organismo también defiende la necesidad de preservar la sustentabilidad del régimen de Seguridad Social. Como también, preservar la negociación colectiva como derecho constitucional.

En términos generales, es necesario previsibilidad jurídica en todos los aspectos para evitar sumar incertidumbre a las relaciones laborales en todas sus instancias.