El gobierno de Javier Milei introdujo en la reforma laboral puntos conflictivos contra las obras sociales, los jubilados y el propio fisco, que hicieron recalcular a los dirigentes sindicales.

Lo que ocurre es que la reducción de 6 a 5% en los aportes patronales de los empleadores a las obras sociales implica una quita de $90.000 millones al sistema de salud sindical. Una significativa pérdida económica para los sindicatos. La CGT entiende esto como un ataque directo a la financiación de las obras sociales para luego intervenirlas.

Por otro lado, la reducción de 1 punto en las contribuciones patronales equivale a 16.500 millones mensuales menos en el Fondo Solidario de Redistribución (para enfermedades complejas de alto costo) y a 96.000 millones menos en la masa a distribuir entre las Obras Sociales.