La medida forma parte de la política de ordenamiento territorial y defensa del patrimonio público impulsada por la gestión provincial, mediante la aplicación del procedimiento de autotutela administrativa previsto en el Decreto N.º 3.664/1 (FE). 

De acuerdo con la Resolución N.º 156 de la DPA, durante inspecciones realizadas en el sector se constató la existencia de construcciones, loteos, viviendas, galpones y actividades comerciales emplazadas dentro del dominio público hidráulico y en plena zona de riesgo hídrico del Río Salí. 

Asimismo, mediante información obtenida del sistema GIS de la Dirección General de Catastro, se verificó que los terrenos ocupados no poseen padrón ni identificación catastral, determinándose que forman parte del dominio público provincial correspondiente al Río Salí.